Denunciando que hay en marcha un plan de desestabilización contra su mandato y que los intereses políticos han sido los satélites en las críticas, el presidente Luis Arce optó por intentar eliminar los problemas abrogando el Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales. Sin embargo, el “radicalismo” del partido azul y los cocaleros encolumnados detrás de Evo Morales no están satisfechos y parecen no querer soltar el hilo de la polémica.
La mañana de ayer, el Dignatario, arropado por la alta dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad “renovador” y el ministro de Justicia, Iván Lima, salió a hablarle a la población para confirmarle la abrogación, no sin antes dejar en claro que nunca tomará decisiones que puedan atentar contra la gente.
Claro que su discurso estuvo cargado de reprobación hacia quienes impulsaron una campaña contra el decreto, que se había formalizado hace un mes.
Fue en ese sentido que Arce mencionó un hipotético plan en su contra. “Sabemos lo sensible que es este tema y que lamentablemente está siendo aprovechado con fines no solamente políticos, sino también que hay un plan de desestabilización en marcha para convulsionar el país a partir de este decreto supremo. Hay un plan de convulsión social para las próximas semanas que está en marcha y que quieren utilizar este y otros temas para llevar a la población a algo no deseado, porque el pueblo boliviano lo que quiere es trabajar”.
Juan Carlos Huarachi, máximo dirigente de la COB, también lamentó la abrogación, a tiempo de condenar a la “derecha” y la “nueva derecha” de agitar la especulación y la “cizaña”.
VAN A LA CARGA POR OTRO DECRETO
La inmediata reacción a lo sucedido llegó desde el corazón de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Vicente Choque, ejecutivo de la Federación Centrales Unidas, fue el portavoz de la posición: el sector, identificado con el “evismo”, se declara todavía “en pie de lucha”.
Es que no se conforma con la anulación del decreto 5143, sino que ahora va contra el Decreto Supremo 4732. Tal parece que el objetivo es continuar con la polémica.
En esa línea, las Seis Federaciones observan la normativa 4732, curiosamente publicada en la Gaceta del Estado no ahora, sino el 1 de junio de 2022. Esta se refiere, en resumen, a la suerte de veeduría que realiza el Ministerio de Justicia en los contratos de compraventa de bienes inmuebles a fin de evitar cláusulas abusivas. Los contratos deben contar con la certificación de esa cartera estatal.
De ahí la protesta de los “evistas”, que entienden que este decreto también sería “inconstitucional”.
“Queremos decir, desde la Coordinadora de las Seis Federaciones, que la lucha aún continúa porque todavía hay un decreto, el 4732, donde un compañero, para vender su propiedad, necesita que lo certifique el Ministerio de Justicia y sobre esa certificación se necesita 18 requisitos. Todavía estamos en pie de lucha porque este decreto también tiene que abrogarse. No podemos estar pidiendo autorización al Ministerio de Justicia cuando uno quiere vender su propiedad”, caldeó el debate Vicente Choque.
La controversia parece no tener fin.
Iván Lima Ministro de Justicia
Buscábamos uniformar los trámites, que no se inventen requisitos en Derechos Reales. Buscábamos la simplificación y modernización de los trámites que permitieran, además, que no exista la extorsión. (Derechos Reales) es una caja que no tiene control.
Vicente Choque Seis Federaciones
Todavía estamos en pie de lucha porque este decreto (4732) también tiene que abrogarse. No podemos estar pidiendo autorización al Ministerio de Justicia cuando uno quiere vender su propiedad. El Ministerio de Justicia en este caso nos obstaculiza.
Juan Carlos Huarachi Ejecutivo de la COB
La derecha y la nueva derecha, cuando se vienen acciones sociales para ayudar al pueblo boliviano, empiezan a especular. El único interés de este decreto ha sido ayudar a la gente que peregrina para adquirir su documento en Derechos Reales.
Alberto Pérez Presidente de Comcipo
En esta época electoral en que se ingresa, al Gobierno no le conviene tener una convulsión social. En el encuentro de cívicos en Potosí se quedó en que podíamos estar en pie de una movilización y no se puso en la resolución para no alertar.
