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La Fiscal\u00eda General del Estado ha dispuesto que el Fiscal Departamental de La Paz, William Alave, procese una solicitud de alerta migratoria y de abrir una investigaci\u00f3n contra el expresidente Evo Morales por casos de supuesta corrupci\u00f3n cometidos durante la gesti\u00f3n del exmandatario.<\/p>\n
La nota firmada por el director de Gesti\u00f3n Fiscal y Supervisi\u00f3n, Roberto Ignacio Almendras Gamarra y dirigida a William Alave, hace referencia a una carta enviada por los exparlamentarios Amilcar Barral y Yesenia Yarhui, quienes el pasado 9 de octubre pidieron investigar a Morales.<\/p>\n
\u201cRemito a conocimiento de su autoridad dicha nota y sus antecedentes, a objeto de que en el marco de sus atribuciones establecidas en el art. 34.3 de la Ley 260, la procese conforme corresponda y que las y los Fiscales de Materia a cargo de los procesos que se refiere en la misma, determinen lo que en derecho corresponda\u201d, dice la misiva difundida por Barral en sus redes sociales.<\/p>\n
En la carta dirigida al Fiscal General, Juan Lanchipa, Barral y Yarhui sostienen que es fundamental abrir una investigaci\u00f3n exhaustiva sobre varios casos que, a su criterio, han quedado impunes.<\/p>\n
Entre ellos, mencionan el caso de la exnovia de Morales, Gabriela Zapata, y la empresa china CAMC, beneficiada con contratos mediante supuesto tr\u00e1fico de influencias, lo que habr\u00eda generado un da\u00f1o econ\u00f3mico de 566 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se refieren al caso FONDIOC, en el que se habr\u00edan malversado 182 millones de d\u00f3lares destinados a proyectos para comunidades ind\u00edgenas vulnerables, as\u00ed como la compra de barcazas chinas con un sobreprecio de 30 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Tambi\u00e9n piden investigar presuntos sobrecostos en proyectos de infraestructura de la Empresa de Construcciones del Ej\u00e9rcito (ECE), que sumar\u00edan 40 millones de d\u00f3lares, el contrato de YPFB con Catler Uniservis por 86 millones de d\u00f3lares, y el caso AIR CATERING S.R.L., que involucra a Boliviana de Aviaci\u00f3n (BoA) en un contrato dirigido por 3 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Los exparlamentarios estiman que el da\u00f1o econ\u00f3mico total al Estado ser\u00eda de 1.000 millones de d\u00f3lares, cifra que deber\u00eda ser investigada por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n<\/div>\n